En mayo de 1.968, una revuelta estudiantil sacudía los cimientos de la Europa nacida de las cenizas de la II Guerra Mundial y su esquema bien estructurado de “democracia liberal”. Aquel intento revolucionario cuestionaba, con más poesía que rigor, no sólo el modelo de sociedad y el funcionamiento de las instituciones democráticas, sino también el papel (o la praxis, que se decía) que debía desempeñar la izquierda europea.
En aquellos días se hicieron famosas dos frases que fueron acogidas como lemas de la revuelta estudiantil y que han pervivido cuando el movimiento se ha convertido en anécdota. La primera frase era aquella tan hermosa como contradictoria que decía “ser realistas…pedid lo imposible”. El otro lema nos anunciaba poéticamente que “debajo de los adoquines está la playa”. Con el tiempo todos supieron que debajo de los adoquines no había arena de la playa, (lo recordaba Ismael Serrano en una reciente canción) y que hasta Daniel Cohn-Bendit, uno de los grandes líderes del mayo francés, se acabaría reconvirtiendo en un feliz e imagino que bien retribuido eurodiputado.
La manifestación del pasado sábado en Madrid, impulsada y capitaneada por el Partido Popular, me provoca tres reflexiones previas. La primera es qué algo debemos estar haciendo mal en nuestro sistema cuando cientos de miles de personas se manifiestan contra la política de un gobierno democráticamente elegido. La segunda, que enlaza con la anterior, es si un partido, con una amplia representación parlamentaria, puede o debe recurrir a convocar una manifestación, menospreciando la actividad parlamentaria como el foro adecuado para la controversia política. Y la tercera es que, en un tiempo en el que podemos medir la edad del Universo, no seamos capaces de decidir si los manifestantes eran 342.000 (cuenta la Delegación del Gobierno) o 2.125.000 (según la Comunidad de Madrid). Todo es relativo, pero no tanto
Se me ocurren varias hipótesis para explicar este comportamiento del Partido Popular. La primera es una cierta “nostalgia del 68”: no se manifestaron cuando eran jóvenes y parece que ahora lo echan de menos. La segunda es que perciben que la derrota electoral del 14-M ha obedecido a la utilización que el PSOE hizo del descontento popular derivado de la crisis del Prestige o la guerra de Irak, y quieren utilizar la misma estrategia. Y la tercera, puestos a aventurar hipótesis, es que han recordado aquella famosa frase de su Presidente fundador de que “la calle es mía” y pretenden hacerla realidad.
Lo realmente preocupante es que la polémica acerca de la manifestación y la guerra de cifras nos aleje del tema central: que nuestro Código Penal y nuestro sistema penitenciario necesitan una urgente, profunda (y a ser posible consensuada) reforma. No olvidemos que el infame de Juana Chaos ha cumplido la pena que le fue impuesta por los asesinatos que cometió, y que la condena que tiene pendiente tiene su origen en dos artículos publicados en el diario Gara. Lo que es inadmisible es que alguien que es responsable de 25 muertes cumpla sólo 19 años de la pena impuesta, habiendo sido condenado a más de 2.500 años. Y en el colmo del absurdo que, –por ejemplo- por hacer un curso de “redacción y arte de escribir” se le perdonaran, en el año 2.001, 175 días.
Quisiera hacer una referencia al Auto del Magistrado José Luis Castro, que es quien en último término ha decidido la aplicación de la prisión atenuada a este sujeto, bien es cierto que a propuesta del Gobierno. El Auto -que pude descargarse, entre otros lugares, en la web del Consejo General de la Abogacía (http://www.cgae.es/)- es un ejemplo de rigor jurídico pero también de rectitud moral. Y en su resolución el Magistrado expone lo siguiente “no debe obviarse que el Estado de Derecho no puede renunciar a la aplicación de disposiciones legales que encuentren su fundamento en los principios de humanidad y en el respeto pleno a la derecho a la vida, incluso en aquellos que no respetaron la de otros; ello supone la auténtica grandeza del Estado de Derecho y sin duda una conquista de nuestra civilización”.
En estos días en que todos recordamos los terribles atentados del 11-M y continúa el juicio a sus presuntos autores deberíamos reflexionar sobre la finalidad de las penas. En mi opinión, el objetivo del Derecho Penal debe ser castigar al delincuente y proteger de forma eficaz a la sociedad. La reinserción del delincuente, y que me perdone el artículo 25 de nuestra Constitución, me parece algo secundario.
Sr. Presidente del Partido Popular, lo que procede es modificar el Código Penal, y no buscar la playa debajo de los adoquines. Es sólo una sugerencia.
