Después del IBI, cuyo “segundo plazo” nos acaba de recordar que el Ayuntamiento de León también existe (por el estado de nuestras calles y jardines nadie lo diría) nos ha caído el basurazo. Es decir, la tasa que Gersul, el Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos, ha incrementado de forma desproporcionada, sembrando la alarma entre la ciudadanía y –sobre todo- entre las empresas. Con subidas superiores al 400 por ciento y recibos de más de 2.000 euros, quienes iban a acabar en la basura, dispuestas para el reciclaje, eran las propias empresas.
Parece, no obstante, que puede imponerse la cordura y ayer mismo la Cámara de Comercio y la FELE arrancaban de Gersul la promesa de paralizar el cobro de los recibos de este año y estudiar el tema. No sé si la promesa se hará realidad y el comentario malicioso puede ser que los políticos sólo aciertan cuando rectifican.
En todo caso, la Administración ha demostrado en este caso una buena disposición y cierta sensibilidad conscientes de que, con la que está cayendo, penalizar la actividad económica con otro gravamen es lanzarnos al oscuro precipicio de la miseria más absoluta. Esta tasa es manifiestamente injusta, y lo es por varios motivos. El primero porque, a la hora de fijar la cuantía, tiene en cuenta la superficie, no el residuo que potencialmente puede generarse. Y lo segundo por los coeficientes que aplica, que multiplican, por ejemplo, el importe por 3,5 cuando se trata de una actividad industrial. Lo curioso, además, es que lo que grava la tasa son las basuras urbanas, y deja fuera los residuos industriales.
Ya sé que el que contamina paga, que reciclar cuesta dinero y que somos los más ecologistas del mundo. Pero así es difícil que nuestra industria pueda competir con otros países, que tienen costes laborales mucho más bajos y cuya preocupación por el medio ambiente es igual a cero. Jugamos al fútbol, pero los jugadores del equipo contrario pueden coger el balón con la mano y prescinden de la regla del fuera de juego. O hacemos una decidida política de apoyo a la industria o nuestra población activa se dividirá, más temprano que tarde, en tres partes: funcionarios, consultores y parados.
En la teoría clásica la izquierda subía los impuestos para redistribuir la riqueza, aunque muchas veces se redistribuía más a unos que a otros. La derecha tradicional, en cambio, quería bajar la presión fiscal porque sus votantes –se suponía- eran los “más pudientes”. Pero hoy cualquier partido que llega al poder sube los tributos por la sencilla razón de que necesita presupuesto y mantener (y engrosar), su maquinaría administrativa. El problema es cuando ya no queden contribuyentes para pagar.
Parece, no obstante, que puede imponerse la cordura y ayer mismo la Cámara de Comercio y la FELE arrancaban de Gersul la promesa de paralizar el cobro de los recibos de este año y estudiar el tema. No sé si la promesa se hará realidad y el comentario malicioso puede ser que los políticos sólo aciertan cuando rectifican.
En todo caso, la Administración ha demostrado en este caso una buena disposición y cierta sensibilidad conscientes de que, con la que está cayendo, penalizar la actividad económica con otro gravamen es lanzarnos al oscuro precipicio de la miseria más absoluta. Esta tasa es manifiestamente injusta, y lo es por varios motivos. El primero porque, a la hora de fijar la cuantía, tiene en cuenta la superficie, no el residuo que potencialmente puede generarse. Y lo segundo por los coeficientes que aplica, que multiplican, por ejemplo, el importe por 3,5 cuando se trata de una actividad industrial. Lo curioso, además, es que lo que grava la tasa son las basuras urbanas, y deja fuera los residuos industriales.
Ya sé que el que contamina paga, que reciclar cuesta dinero y que somos los más ecologistas del mundo. Pero así es difícil que nuestra industria pueda competir con otros países, que tienen costes laborales mucho más bajos y cuya preocupación por el medio ambiente es igual a cero. Jugamos al fútbol, pero los jugadores del equipo contrario pueden coger el balón con la mano y prescinden de la regla del fuera de juego. O hacemos una decidida política de apoyo a la industria o nuestra población activa se dividirá, más temprano que tarde, en tres partes: funcionarios, consultores y parados.
En la teoría clásica la izquierda subía los impuestos para redistribuir la riqueza, aunque muchas veces se redistribuía más a unos que a otros. La derecha tradicional, en cambio, quería bajar la presión fiscal porque sus votantes –se suponía- eran los “más pudientes”. Pero hoy cualquier partido que llega al poder sube los tributos por la sencilla razón de que necesita presupuesto y mantener (y engrosar), su maquinaría administrativa. El problema es cuando ya no queden contribuyentes para pagar.
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