El que podemos llamar ya “Caso Lasarte” ha causado una gran conmoción en la vida política de León. Tras el riguroso trabajo de investigación llevado a cabo por este diario ha salido a la luz pública que Javier Lasarte era el administrador único de la empresa Galeno 1955, S.L., que en dos años ha tramitado (y obtenido, naturalmente) licencias para once plantas solares en las provincias de León y Valladolid.
La reacción de las altas instancias de la Junta ha sido rápida y Javier Lasarte presentaba la “dimisión” de su cargo de Secretario Territorial de la Delegación de la Junta de forma casi inmediata. El 4 de agosto el Bocyl publicaba su cese, a petición propia, agradeciéndole los servicios prestados (no dice a quién pero la literatura gubernamental es ciertamente fría y escueta).
No quiero entrar en si estos hechos pueden ser considerados delictivos o no, aunque cabria preguntarse si existe –además- algún tipo de responsabilidad por eso que los juristas llaman culpa in eligendo y culpa in vigilando, es decir, por la mala elección o la mala vigilancia. Me preocupa el aspecto moral de la cuestión (soy un antiguo, ya lo saben) y la pregunta del millón es si los políticos, o los funcionarios de alto nivel, pueden tener negocios (me suena como aquella pregunta de si los famosos tiene vida privada).
Pienso que no existiría problema si el negocio en cuestión fuera una mercería o una tienda de ropa (o una sex-shop, poniéndonos imaginativos). El tema es si la ocupación del político-funcionario es la tramitación y obtención de autorizaciones administrativas, autorizaciones que dependen (¡oh casualidad!) de una Administración en la que el tramitador ostenta un cargo relevante. Porque lo grave del asunto es que la función de Lasarte era conseguir las licencias que luego cedía a las empresas que explotarían esos “huertos solares” que ya forman parte de la campiña leonesa.
Aunque la verdad es que somos unos malpensados. Todo el mundo sabe lo difícil que es moverse por la jungla burocrática a la hora de conseguir, por ejemplo, iniciar una actividad empresarial en esta cosa novedosa de las energías renovables. Quizás lo que hacía Lasarte era gestionar de modo tan eficiente como altruista todo el papeleo para que los empresarios pudieran tener sus plantas solares operativas en breve plazo prestando, además, un gran servicio a la economía leonesa y a la conservación del planeta.
La reacción de las altas instancias de la Junta ha sido rápida y Javier Lasarte presentaba la “dimisión” de su cargo de Secretario Territorial de la Delegación de la Junta de forma casi inmediata. El 4 de agosto el Bocyl publicaba su cese, a petición propia, agradeciéndole los servicios prestados (no dice a quién pero la literatura gubernamental es ciertamente fría y escueta).
No quiero entrar en si estos hechos pueden ser considerados delictivos o no, aunque cabria preguntarse si existe –además- algún tipo de responsabilidad por eso que los juristas llaman culpa in eligendo y culpa in vigilando, es decir, por la mala elección o la mala vigilancia. Me preocupa el aspecto moral de la cuestión (soy un antiguo, ya lo saben) y la pregunta del millón es si los políticos, o los funcionarios de alto nivel, pueden tener negocios (me suena como aquella pregunta de si los famosos tiene vida privada).
Pienso que no existiría problema si el negocio en cuestión fuera una mercería o una tienda de ropa (o una sex-shop, poniéndonos imaginativos). El tema es si la ocupación del político-funcionario es la tramitación y obtención de autorizaciones administrativas, autorizaciones que dependen (¡oh casualidad!) de una Administración en la que el tramitador ostenta un cargo relevante. Porque lo grave del asunto es que la función de Lasarte era conseguir las licencias que luego cedía a las empresas que explotarían esos “huertos solares” que ya forman parte de la campiña leonesa.
Aunque la verdad es que somos unos malpensados. Todo el mundo sabe lo difícil que es moverse por la jungla burocrática a la hora de conseguir, por ejemplo, iniciar una actividad empresarial en esta cosa novedosa de las energías renovables. Quizás lo que hacía Lasarte era gestionar de modo tan eficiente como altruista todo el papeleo para que los empresarios pudieran tener sus plantas solares operativas en breve plazo prestando, además, un gran servicio a la economía leonesa y a la conservación del planeta.
Lo curioso es que, dicen, una de las dos líneas de investigación que ha abierto la Junta (todo se sigue haciendo por duplicado, como debe ser) puede durar entre siete y ocho meses. Indudablemente, necesitan un supertramitador que investigue ágilmente lo que hizo el tramitador Lasarte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario